En una reciente entrevista para el programa Comunidad Profesional (FM Classique 106.5), Alejandro Pérez Vargas, tesorero y consejero del Consejo Profesional de Ingenieros Químicos, analizó en profundidad el conflicto generado por el intento de creación de un nuevo colegio profesional de Higiene y Seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La situación, que motivó una intervención directa del Consejo ante las autoridades, culminó en un veto parcial por parte del Poder Ejecutivo, devolviendo la discusión a la Legislatura porteña debido a graves fallas que ponen en riesgo la seguridad pública y el ordenamiento de las incumbencias profesionales.
El núcleo de la advertencia planteada por Pérez Vargas radica en la creación de una estructura paralela a los consejos ya existentes. Desde el año 1958, el ejercicio de las ingenierías y las licenciaturas en higiene y seguridad está regulado por diez consejos profesionales que operan bajo la órbita de la Junta Central de Consejos Profesionales.
La nueva norma pretendía establecer un colegio por fuera de esta estructura, lo que generaría una doble matriculación. «Esto genera un problema de seguridad pública porque no habría una forma única de controlar esa matrícula», explicó el consejero. El riesgo es tangible: un profesional sancionado por mala praxis en un consejo podría simplemente cruzar la vereda, matricularse en el nuevo colegio y continuar ejerciendo sin penalización alguna en la misma jurisdicción.
Para graficar la gravedad, Pérez Vargas utilizó una analogía clara: es como si existieran dos entes distintos para emitir licencias de conducir. Si un conductor causa un accidente fatal y un ente le retira la licencia, no debería poder obtener otra en el ente de enfrente para seguir manejando en la ciudad.
Alejandro Pérez Vargas, tesorero y consejo del CIPQ
El caso del andamio y la ética profesional
La importancia de un control unificado se vincula directamente con la responsabilidad civil y ética. Como ejemplo, se recordó el lamentable accidente ocurrido el 4 de diciembre de 2025, donde una mujer falleció debido a la caída de un andamio en la vía pública.
En casos de este tipo, el director de obra y el licenciado en higiene y seguridad deben responder por su actuación. Si existe un control atomizado, la capacidad del Estado y de los pares para sancionar una mala praxis se ve severamente menoscabada, dejando a la comunidad desprotegida ante profesionales que podrían eludir sus responsabilidades éticas.
Otro punto crítico de la ley vetada es la atribución de tareas que exceden la formación de los licenciados en higiene y seguridad. Según Pérez Vargas, los legisladores basaron la norma en fundamentos erróneos, otorgando facultades que estos profesionales no están capacitados para realizar.
Entre las incumbencias mal asignadas se encuentran:
• Confección de planos y control de contaminantes: Tareas técnicas propias de ingenierías específicas.
• Interpretación de situaciones médicas: Una capacidad para la cual no poseen formación académica.
• Control ambiental «puertas afuera»: Pérez Vargas aclaró que, si bien estos profesionales entienden el ámbito laboral interno, el control de contaminantes ambientales generales requiere de conocimientos químicos y técnicos que no forman parte de su currícula.
«Evidentemente, los legisladores han sido mal informados», sentenció el tesorero del Consejo, subrayando que el veto parcial del Ejecutivo es una oportunidad para discutir técnicamente cada uno de estos temas en la Legislatura.
Un debate que vuelve a la Legislatura
Desde el Consejo de Ingenieros Químicos aclaran que no se oponen a la organización profesional, sino a la creación de sellos vacíos que no aportan soluciones reales. Actualmente, los licenciados en higiene y seguridad tienen plena libertad para matricularse en los consejos existentes, los cuales ya están incorporados a la normativa de la Ciudad.
El objetivo ahora es que los legisladores comprendan la complejidad técnica de lo que están regulando. «Nuestra idea es volver a la Legislatura para que entiendan sobre qué están legislando», concluyó Pérez Vargas, reafirmando el compromiso del Consejo con la excelencia profesional y, sobre todo, con la protección de los ciudadanos.
