La entidad sostiene que los establecimientos educativos continúan en un escenario de inseguridad jurídica mientras esperan el fallo sobre el cambio del régimen previsional para el personal no docente. El tema alcanza a unos 55 mil trabajadores de la provincia de Buenos Aires.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) reiteró la necesidad de que la Justicia se expida cuanto antes sobre el conflicto generado por el cambio del régimen previsional para el personal no docente y extraprogramático de las escuelas privadas bonaerenses. La entidad asegura que la falta de una definición mantiene a los establecimientos en un escenario de incertidumbre jurídica y económica que dificulta su funcionamiento cotidiano.
Las declaraciones fueron realizadas por el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, durante una visita al estudio del programa Comunidad Profesional, que se emite los viernes a las 14 por FM Classique de La Plata.
Zurita explicó que el conflicto se originó tras la aprobación del Presupuesto bonaerense, cuando un artículo dispuso el traspaso del personal no docente y extraprogramático de las escuelas privadas desde la caja nacional de la ANSES al Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia.
«Nosotros acudimos a la Justicia porque entendemos que esta decisión no correspondía y, sobre todo, porque dejó a las escuelas en una situación muy compleja», afirmó.
El dirigente señaló que el principal problema es la falta de certezas para las instituciones educativas.
«Necesitamos una resolución rápida. Las escuelas no pueden seguir en esta incertidumbre porque hoy reciben indicaciones diferentes según la jurisdicción y eso genera un enorme nivel de inseguridad jurídica», sostuvo.
Según explicó, la mayoría de los establecimientos decidió continuar realizando los aportes previsionales a la ANSES, tal como lo hicieron históricamente, mientras aguardan una definición judicial.
«ANSES nos dice que no dejemos de aportar porque no reconoce el traspaso. Entonces las escuelas quedan en el medio de una disputa entre dos jurisdicciones y nadie puede trabajar con tranquilidad en esas condiciones», indicó.
Zurita recordó que la medida alcanza a alrededor de 55 mil trabajadores y lamentó que no existiera una instancia de diálogo previa con el sector antes de aprobar la modificación.
Además del aspecto jurídico, advirtió sobre las consecuencias económicas que podría generar un eventual cambio de régimen.
Explicó que las escuelas privadas cuentan desde hace años con un esquema de reducción de contribuciones patronales para ese universo de trabajadores dentro de la ANSES y que un eventual pase al IPS implicaría mayores aportes tanto para las instituciones como para los propios empleados.
«Eso significa un mayor costo para las escuelas y también una disminución del salario de bolsillo de los trabajadores. Son variables muy importantes en un contexto económico que ya es complejo», señaló.
El debate por el uso del celular en las escuelas
Durante la entrevista, Zurita también analizó la situación del uso de teléfonos celulares en las aulas. En Comunidad Profesiona, adelantamos el tema días atrás.
Recordó que en la provincia de Buenos Aires rige una prohibición para el nivel primario, aunque en las escuelas secundarias cada institución mantiene autonomía para definir sus propias reglas.
En ese sentido, AIEPA realizó un relevamiento entre establecimientos privados que mostró posiciones diferentes frente al tema.
«Hay escuelas que optaron por limitar el uso porque consideran que mejora la concentración y evita distracciones. Otras entienden que el celular puede ser una herramienta pedagógica cuando el docente lo incorpora a la clase», explicó.
Para Zurita, no existe una única respuesta porque las realidades de las instituciones son distintas.
«Muchas escuelas todavía no cuentan con dispositivos tecnológicos para todos sus alumnos y, en esos casos, el celular se transforma en un recurso para trabajar determinados contenidos. Lo importante es que exista un criterio pedagógico claro sobre cuándo utilizarlo», concluyó.
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