El pasado jueves 14 de marzo, convocados por las autoridades a la Sede Distrital, se reunieron un conjunto de arquitectos que formalizaron reclamos ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAPBAUNO), por diversas dificultades en el marco de las gestiones administrativas de obras y desarrollos urbanos en el ámbito de la Municipalidad de La Plata.
Los asistentes describieron un conjunto de problemas de diversa naturaleza, destacándose en primer término la falta de información preliminar sobre los inmuebles a intervenir. Al respecto, se señaló que desde el mes de diciembre no se libera información a través del mecanismo de “monotasa” -que da certeza sobre lo obrante en el archivo, los indicadores urbanísticos y las restricciones que afectan a las parcelas-, y tampoco está habilitada la tradicional consulta de pre-factibilidad constructiva a través de la WEB. Esto representa en los hechos, la imposibilidad de acceder a los datos imprescindibles para encarar cualquier emprendimiento constructivo.
En el mismo sentido, en el encuentro reclamaron por la falta de precisiones respecto a la normativa de aplicación, no solo para las nuevas presentaciones, sino para las tramitaciones en curso -carpetas informadas, permisos de obra en proceso y otros-, con observaciones o exigencias contradictorias desde distintos despachos municipales. «Esta circunstancia reviste significativa gravedad, en la medida que afecta derechos adquiridos y la seguridad jurídica de los actores involucrados», indicaron desde el Colegio.
Paralelamente, expresaron «preocupación por el serio retraso en la resolución de expedientes,que aun habiendo cumplimentado todas las exigencias reguladas y con el visto bueno de las áreas de revisación, están pendiente de la firma de los directores de Área. La situación se torna verdaderamente acuciante para muchos profesionales, propietarios y trabajadores de la actividad, que dependen de esas autorizaciones para iniciar los trabajos en obra, ejecutar fondos de créditos otorgados, cobrar honorarios y otros».
Finalmente, con una importancia no menor, señalaron «una cantidad de determinaciones arbitrarias o no habituales, sin las explicaciones pertinentes ni actos administrativos respaldatorios, tales como: determinación “aleatoria” de que situaciones son objeto de registro antirreglamentario y cuales no; solicitud de firmas del conjunto de actores intervinientes no al inicio y al final, sino en cada una de los pasos intermedios del proceso de corrección -complejizando incomprensiblemente la gestión y desconociendo la representación del propietario que los profesionales detentan-; la no admisión de enmiendas menores en la documentación –posible hasta en los procesos judiciales-; la exigencia de pago total de convenios para el retiro de planos; la exigencia de desvinculación de profesionales responsables de una obra que tuvo modificaciones con respecto al permiso, sean loas mismas reglamentaria o no; el desconocimiento de actos administrativos formalizados en la gestión municipal precedente; la no convocatoria a la CIAC -Comisión de Interpretación y Actualización del Código- prevista en la Ordenanza por solicitud de los actuantes; indicaciones de revisación fuera de norma y otros».
