Distintas entidades que integran la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio solicitaron al Gobierno Nacional “respuestas urgentes” a una problemática cada vez más “acuciante” que atraviesa el sector y advierten que “la actividad está en estado terminal”.
Los prestadores de la Salud e integrantes de distintas cámaras y entidades vinculadas al sector, como por ejemplo la Federación de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires (FABA) elevaron una carta formal a los funcionarios nacionales para denunciar el estado terminal de la actividad y solicitar la adopción de medidas urgentes.
“En muchos casos, la pandemia repercutió negativamente, con un marcado descenso en la atención, lo que tuvo como efecto una merma considerable en sus ingresos”, se indicó.
La misiva está dirigida al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, conjuntamente con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, su par de Economía Martin Guzmán y la administradora de la AFIP, Mercedes Macó del Pont; y el pedido unificado es que, se tomen una serie de medidas que les permita salir del ahogo financiero.
Entre otras cosas, solicitaron que se prorrogue la emergencia sanitaria cuya finalización originariamente fue prevista para el 31 de diciembre de 2020 y se encuentra prorrogada hasta el 31 de marzo de 2021; que además se prorrogue el Programa ATP para la totalidad de los prestadores del sector de la Salud durante todo el año próximo, al igual que la vigencia del Decreto 300/20; que también se arbitren los medios para que se actualice el importe nominal del monto mínimo no imponible establecido por el Decreto 688/2019, para ser aplicado por los empleadores sobre el cálculo de las contribuciones patronales.
Según detallaron en la carta dirigida a las autoridades, el sector viene padeciendo retrasos arancelarios desde los últimos cuatro años y se calcula que ese desfasaje alcanza los 70,7 puntos porcentuales respecto del IPC y en 119,7 puntos porcentuales respecto del Índice de Costos en Salud; por lo que, sumado a este contexto, alertaron que un gran número de Instituciones médicas, que atienden a 7 de cada 10 argentinos, se verán forzadas a cerrar sus puertas de manera definitiva.
A su vez, exigieron que cese la discriminación de la cual son objeto algunos prestadores del sector de la salud con relación a otras entidades; que se les otorgue un bono por el IVA que no puede compensar a fin de que lo utilice para el pago de otras cargas fiscales o se permita la transferencia de dicho IVA a terceros; se dicte una moratoria de características similares al régimen especial establecido por la ley 26283 del año 2007 y que el Estado prorrogue el beneficio al Personal de Salud otorgado por el Decreto 315/2020.