Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, cuestionó la decisión de mantener el beneficio aun cuando las familias acumulan cuotas impagas y reclamó actualizar los montos del programa. “Toda ayuda se valora, pero hoy las cuotas están en otros parámetros”, señaló.
El Gobierno nacional introdujo cambios en el funcionamiento del programa Vouchers Educativos, una asistencia destinada a familias cuyos hijos concurren a colegios privados con aporte estatal. La medida vuelve a poner en el centro de la discusión la situación económica de las familias y, al mismo tiempo, el impacto que la morosidad tiene sobre las instituciones educativas.
El programa está dirigido a familias con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal y cuyos ingresos familiares no superan los siete salarios mínimos.
En ese contexto, Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina), planteó reparos sobre la decisión oficial de flexibilizar las condiciones vinculadas al pago de las cuotas.
Las declaraciones fueron realizadas en el programa “Comunidad Profesional”, que se emite por FM Classique 106.5, donde Zurita analizó la situación de las instituciones educativas privadas y también se refirió al escenario que atraviesan las familias.
“No es para lo que el programa fue creado”
Según explicó Zurita, el reglamento del programa establecía que ante dos cuotas impagas el beneficio podía suspenderse y, con tres cuotas adeudadas, podía cancelarse. El dirigente sostuvo que la modificación genera preocupación porque permite que familias que mantienen deudas con las instituciones continúen percibiendo la asistencia.
“Si este programa estaba pensado para la ayuda de las escuelas y de las familias, de esta manera nosotros nos encontramos con muchas familias que siendo deudoras están percibiendo el programa de vouchers”, sostuvo.
La normativa vigente para 2026 establece que la escuela debe informar mensualmente la situación de los beneficiarios respecto del pago de las cuotas. El reglamento contempla la suspensión ante dos cuotas impagas y la cancelación cuando se acumulan tres.
Para Zurita, el problema no pasa por desconocer las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, sino por discutir cuál debe ser el objetivo específico del programa.
“Sabemos también de la situación económica que atraviesan muchas familias, pero hay otros programas que están pensados para otra cuestión. Este programa específicamente era para el pago de la cuota”, explicó.
¿Es una buena medida para el sector?
La respuesta de Zurita es matizada. La asistencia económica a las familias es valorada, pero considera que el mecanismo elegido puede terminar perjudicando a las instituciones educativas si no se garantiza el pago de las cuotas.
“Creemos que no es para lo que el programa fue creado”, afirmó el secretario ejecutivo de AIEPA, al considerar que una familia puede continuar recibiendo el beneficio mientras mantiene una deuda con el establecimiento.
El planteo cobra especial relevancia en un escenario que, según describió, ya presenta dificultades para los colegios privados: menor cantidad de inscripciones por la caída de la natalidad, aumento de los servicios públicos, mayores costos de mantenimiento y una morosidad que ronda, en promedio, el 11%.
“Este es un factor que se suma al porcentaje de morosidad que tenemos en promedio, que es el 11%”, señaló Zurita.
Reclaman actualizar los montos
Otro de los puntos planteados por AIEPA es la necesidad de actualizar el valor de los vouchers.
Zurita señaló que actualmente la asistencia se ubica aproximadamente entre los 10.000 y los 30.000 pesos, un monto que considera atrasado frente a la evolución de los aranceles y de los costos educativos.
“Toda ayuda se valora, pero creemos que debe ser actualizado porque hoy las cuotas están en otros parámetros”, sostuvo.
Desde AIEPA también plantean que el esquema debería contemplar con mayor precisión la situación económica de cada familia, evitando determinadas limitaciones vinculadas al porcentaje de aporte estatal que recibe cada institución.
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