El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso el veto parcial de la ley que regula el ejercicio profesional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo y crea un nuevo colegio profesional en el ámbito porteño. La decisión, formalizada mediante el Decreto 16/26 con fecha 14 de enero de 2026, alcanza artículos clave del texto sancionado por la Legislatura y coincide con las advertencias que venía realizando el Consejo Profesional de Ingeniería Química (CPIQ) sobre los riesgos que implicaba la norma en términos de control, incumbencias y seguridad pública.
«Es un triunfo rotundo de la calidad técnica y la labor ad honorem en pos del interés público. La ley original presentaba graves problemas de seguridad jurídica y generaba una indeterminación normativa sustancial, poniendo en riesgo la doble matriculación obligatoria para profesionales ya registrados», expresó la presidente del CPIQ, Marcela De Luca.
El veto alcanza, entre otros puntos centrales, al artículo 3, que definía de manera amplia y heterogénea quiénes podían ser considerados “Profesionales de Higiene y Seguridad en el Trabajo”, incluyendo auxiliares universitarios, títulos intermedios y personas con cursos de posgrado, sin una delimitación clara de responsabilidades ni una articulación adecuada con los regímenes profesionales ya existentes. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo advierte que esa configuración podía generar incertidumbre jurídica, superposición de matrículas y un esquema de doble control sin coordinación, con consecuencias directas sobre la razonabilidad del sistema.
Desde el Consejo Profesional de Ingeniería Química señalaron que el veto parcial “confirma que las objeciones planteadas eran institucionales”. De Luca había alertado en reiteradas entrevistas radiales que la ley, tal como fue aprobada, “debilitaba la autoridad de aplicación y abría zonas grises en actividades que comprometen la seguridad de las personas”.
COORDINACIÓN
Uno de los aspectos más sensibles señalados por el Ejecutivo es que la norma sancionada no establecía mecanismos de reconocimiento ni coordinación con los consejos profesionales creados por ley, que ya ejercen control sobre profesionales con títulos de grado e incumbencias definidas por normativa nacional. “Cuando dos entidades pueden matricular y controlar la misma actividad, el riesgo es que, en la práctica, nadie controle de manera efectiva”, había advertido De Luca antes del veto.
El decreto también objeta el intento de extender la potestad disciplinaria del nuevo colegio a personas no matriculadas, una atribución que el propio Ejecutivo considera incompatible con la naturaleza jurídica de los entes públicos no estatales y contraria a los principios básicos del derecho disciplinario. Esa ambigüedad, sostiene la resolución, podía afectar el derecho a trabajar y generar un escenario de sanciones cruzadas sin reglas claras.
El trasfondo de la discusión excede el plano técnico y el control del ejercicio profesional en Higiene y Seguridad aparece como un factor crítico. Desde el CPIQ remarcan que las tareas vinculadas a la prevención de riesgos, la seguridad industrial y el control ambiental “no admiten esquemas laxos ni figuras sin incumbencia plena”, ya que involucran directamente la integridad física de trabajadores y ciudadanos. «El Gobierno porteño entendió esta problemática y actuó con prudencia», añadieron.
El veto parcial del Ejecutivo no deroga la ley en su totalidad, pero elimina los artículos que, según el propio Gobierno, impedían una reglamentación razonable y compatible con el ordenamiento jurídico vigente. En los fundamentos, se señala expresamente que la regulación futura deberá basarse en incumbencias profesionales claras y en el reconocimiento de los sistemas de matriculación ya existentes, un punto que el Consejo Profesional de Ingeniería Química viene sosteniendo desde el inicio del debate.
“Destacamos y agradecemos la apertura y sensatez de las autoridades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, que supieron escuchar la postura del Consejo en su sólida presentación, demostrando un compromiso con el bienestar general y el marco legal de la jurisdicción”, señalaron desde el Consejo, al tiempo que subrayaron que el veto parcial constituye una oportunidad para corregir una norma que, de haber avanzado sin modificaciones, podía haber debilitado seriamente el sistema de control profesional en la Ciudad.
La discusión ahora vuelve a la órbita legislativa, con un dato político relevante: el propio Ejecutivo porteño reconoció, por escrito, que el diseño original de la ley presentaba riesgos concretos para la seguridad jurídica y el control del ejercicio profesional.
