Desde comienzos del mes de agosto, el Ejecutivo Municipal puso en funcionamiento el Consejo de Ordenamiento Urbano Territorial -COUT-, órgano asesor consultivo de participación sectorial, creado con el objeto de ofrecer dictámenes -no vinculantes- en lo referente a la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes de desarrollo urbano y políticas de ordenamiento territorial y uso del suelo, creado en reemplazo de su antecedente el CUOT.
El organismo, está integrado por representantes de las áreas municipales con incumbencia en el tema, las facultades de Arquitectura, Geografía e Ingeniería de la UNLP, la Universidad Católica de La Plata -UCALP-, el Colegio de Ingenieros D5, el Colegio de Arquitectos de Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAPBAUNO) y el Consejo Consultivo para el Desarrollo.
En sus primeros encuentros, se formalizó la conformación del Consejo y se acordaron los temas operativos respecto a la designación de autoridades, calendario de reuniones periódicas y generación de canales de comunicación y remisión de información.
Al respecto de las temáticas a tratar, se informó que la cuestión principal será el crecimiento de la mancha urbana, las Ordenanzas no convalidadas y las urbanizaciones ilegales desarrolladas en dichas áreas de desborde.
En ese marco, se propone el desarrollo de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que responda a las demandas urbanas, ambientales y sociales; fomente la inversión y el desarrollo económico local; se ajuste a lo establecido en el Decreto-Ley 8.912 y resulte convalidable por los equipos técnicos de la DPOUT.
El objetivo de las autoridades municipales, es que el plan se materialice según el siguiente cronograma preliminar:
DICIEMBRE 2024: Síntesis y Evaluación Fase de Diagnóstico. Delimitación de áreas y lineamientos para la periferia y la zona rural.
JULIO 2025: Delimitación de áreas y lineamientos para el casco y zonas urbanas. Elaboración del Código de Ordenamiento Urbano.
Desde el CAPBAUNO, a través de un comunicado, señalaron que continuan insistiendo en la imperiosa necesidad actual de nuestra matrícula de acceder a información fidedigna -zonificaciones, indicadores, restricciones, instancias administrativas- sobre los inmuebles a intervenir, que en la actualidad resulta dificultoso.
Por eso, más allá de valorar la trascendencia de ir rumbo a obtener un instrumento normativo convalidado -que ofrezca seguridad jurídica para los desarrollos-, y que su concepción sea apuntalada por un organismo de perfil técnico como este, alertamos que no debe olvidarse que el trabajo profesional “no frena” y el Estado debe ofrecer certidumbres a los profesionales y emprendedores, especialmente frente a las históricas “parálisis administrativas” que caracterizan a estos procesos.
