Distintas asociaciones y especialistas repudiaron los cuestionamientos a maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y a quienes llevaron a cabo las mismas para intentar salvar la vida de Fernando Báez Sosa tras ser ferozmente golpeado en enero de 2020 en Villa Gesell . El caso terminó en homicidio y los ocho acusados son juzgados por un tribunal oral. En distintas audiencias el abogado de la defensa, Hugo Tomei, soslayó la posibilidad de que las maniobras de RCP podrían haber «contribuido» al desenlace fatal. Esa apreciación generó un aluvión de expresiones que rechazaron tal postura. Postura que fue acompañada por un perito de parte de la defensa.
Desde Inspire Femeba ya se expresaron al respecto y marcaron que la RCP salva vidas (https://comunidadprofesional.com.ar/2023/01/19/la-rcp-salva-vidas-comunicado-de-inspire-simulacion-femeba/). Ahora se suman otras instituciones que rechazaron los planteos de la defensa de los ocho acusados por el crimen de Báez Sosa.
Los doctores Daniel Corsiglia y Jorge Orellana, (Sociedad de Emergencias y Medicina de Urgencia de la Provincia de Bs. As. Sociedad Médica de La Plata
Fundación UDEC) plantearon: «Hemos revisado atentamente los dichos y conceptos vertidos durante el proceso judicial por los especialistas como así también los que fueron dados a conocer a través de los medios de comunicación acerca de las maniobras de reanimación realizadas».
«En febrero del 2000, en España, se redactó y aprobó la Declaración de Yuste
(Declaración de los Principios Universales de la Medicina de Urgencias y Emergencias), que define que las Sociedades Científicas tienen la obligación de asesorar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y de divulgar los conocimientos básicos sobre las urgencias y emergencias a la población.
1 Por este motivo y por muchas otras razones, de orden académico, científico, ético y humano, es que nos encontramos frente al deber profesional de aclarar algunos conceptos. Creemos concienzudamente que tenemos la obligación de dar nuestro punto de vista dado que con esas declaraciones se afecta el minucioso y extenso trabajo, de más de setenta años, que muchos profesionales e instituciones médicas especializadas han investigado y luego difundido por el mundo todo lo concerniente a la Reanimación CardioPulmonar (RCP)», añadieron.
«Si bien el abordaje, la reflexión y el análisis respecto de la resucitación
son muy complejos, porque en ella conviven muchas variables que son muy difíciles de medir, cada cuatro años el ILCOR propone cambios que surgen de los debates sustentados en la medicina basada en la evidencia y es, en ese constante y dinámico debate, donde se definen las guías y sugerencias sobre cómo y cuándo deben realizarse las técnicas de RCP. Nos hemos esforzado durante décadas en trasmitir a la sociedad que deben comprometerse con la RCP ya que la comunidad es el primer efector ante situaciones de riesgo inminente de vida, como la muerte súbita o inesperada. El éxito de la cadena de sobrevida depende, muchas veces, de su accionar hasta que llegue el personal sanitario», agregaron los profesionales.
En tanto, «lo ocurrido con la estrategia jurídica implementada en este caso, con anuencia de letrados y médicos, pone en grave riesgo mucho de lo hecho hasta ahora, ya que se han vertido opiniones que de ninguna manera compartimos porque van en contra de lo establecido a nivel mundial. Cuando en una situación “expectada”, no hay signos vitales o cuando no se puede registrar o determinar su presencia, la norma establecida es comenzar lo ante posible con la RCP como la mejor opción hasta que llegue el sistema de emergencias. Por otra parte los principios y valores de la bioética moderna definen que el principio de beneficencia predomina en los casos en que la víctima está inconsciente,
aplicando el consentimiento presunto, por lo cual intentar la RCP es la norma
adecuada, para no caer en la trampa discursiva que solo confunde y atrasa sobre todo cuando no se vulneran ninguno de estos principios (justicia, autonomía y
beneficencia)».
En tanto, desde Argentina Reanima, que ha forjado distintas acciones para que se reglamente en el país la ley de Muerte Súbita, plantearon: «Rechazamos los cuestionamientos a las maniobras de RCP , planteados por la defensa de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa. Es necesario indicar que esta estrategia legal fue utilizada con absoluta irresponsabilidad y desconocimiento, dejando entrever que las técnicas de RCP podrían haber ocasionado la muerte de la víctima».
«En estos dos últimos años hemos realizado 12 jornadas (unos 70 encuentros) en diferentes ciudades del país, capacitando en RCP a unas 8000 personas. A todos ellos, felicitaciones y gracias por tan noble gesto solidario y atruista en aprender a salvar vidas», agregó el comunicado.
