En la reunión plenaria del CUOT -Consejo Único de Ordenamiento Territorial- celebrado el 30 de julio, se avanzó la problemática de los límites de la mancha urbana del partido de La Plata, tema de vital importancia en función del crecimiento que sufriera la misma durante las últimas décadas.
Desde el ámbito municipal, se hizo hincapié en la necesidad de frenar el avance de la urbanización sobre los ámbitos rurales y tierras productivas, analizando su correlato con las distintas infraestructuras de servicios disponibles, la ocupación de áreas anegables; y los intercambios formalizados con el gobierno provincial en relación las condiciones deseables para los loteos sociales, las áreas de amortiguación, los límites “dinámicos” y otros aspectos conceptuales.
Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAPBAUNO) se manifestó la voluntad de acompañar las iniciativas de ordenamiento, dejando sentado que la Ley 8.912 estableció con claridad preceptos sobre las áreas urbanas, rurales y complementarias y las normativas locales acompañaron los conceptos generales, pero el problema histórico ha sido la falla en los controles en los distintos sectores del territorio.
En opinión de la Institución, estos nuevos límites se deben corresponder con una matriz estratégica de hábitat y producción, que necesita definiciones.
La actividad rural demanda un tipo de suelo que solo es posible encontrar en un área determinada y no se la puede “mudar”, por lo que resulta imperioso protegerlo para dicha explotación, más allá de las regulaciones posteriores que se le den adecuada contención al tema de los invernaderos y las formas de producción.
A su vez los cursos de agua, sus cuencas y planicies de inundación, también son susceptibles de mantener inalterables, por lo que su situación debe regularse tomándolos como datos no dinámicos, aunque si intervenibles.
Como corolario de la reunión, se acordó trabajar rápidamente en la definición de los límites y la creación de las herramientas necesarias para sostenerlos, habida cuenta que uno de los mayores negocios inmobiliarios ilegales, es trabajar por fuera de las áreas urbanas establecidas -porque son más económicas-, dejando a posteriori graves consecuencias que el estado debe acudir a solucionar.
Concretamente, se planteó una estrategia que contempla:
1) Fijar en un corto plazo los límites del crecimiento
2) Traducirlos en regulaciones normativas
3) Plantear estrategias sostenibles de control, tanto desde los aspectos punitorios como desde el esfuerzo educacional y de concientización.
4) Acompañar la definitiva creación del banco de tierras fiscales disponibles, a los efectos de actuar como sostenedor de la oferta y regulador del mercado de precios.
Se recalcó la necesidad de resolver la cuestión en plazos perentorios, atendiendo a las expectativas de reactivación económica post-covid depositadas en la construcción de viviendas mediante operatorias como el PROCREAR y su potencial demanda de suelo.
En ese sentido, se señaló también la importancia de contar con mecanismos más agiles de aprobación para las urbanizaciones formales, que den adecuada respuesta a la demanda referida, desactivando las irregulares.
