La campaña impulsada por 130 organizaciones de la sociedad civil refuerza su apoyo a las clases presenciales basándose en evidencia sobre la importancia de mantener las escuelas abiertas. De esta forma, salieron a responder el pedido de numerosos sectores, entre ellos, los gremios docentes que piden volver a la virtualidad.
A casi dos meses de la reapertura de escuelas en Argentina, #A Las Aulas, la iniciativa que reúne a 130 organizaciones de la sociedad civil y tiene como principal objetivo que la educación sea prioridad en 2021, ratifica la importancia de mantener las escuelas abiertas, en base a la evidencia disponible.
Según datos oficiales relevados por el Ministerio de Educación Nacional en la plataforma oficial Cuidar Escuelas y difundidos la semana pasada, solo el 1,03% de directivos, docentes y auxiliares se contagiaron de COVID-19 desde que se retomó la asistencia presencial en sus escuelas. Entre los estudiantes con clases presenciales, el porcentaje de casos positivos es 0,16%.
Estudios de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial y BID, entre otros organismos, demuestran que la suspensión de clases presenciales tiene como consecuencia el incremento de las desigualdades, la pérdida de aprendizajes, el deterioro de la salud física y emocional de los estudiantes y menores posibilidades futuras de empleo.
En base a estas investigaciones, la campaña sostiene la importancia de mantener las clases en las aulas, siempre que no se demuestre –de acuerdo a criterios objetivos y con información fehaciente– una necesidad de cerrar. Entre las organizaciones participantes, prima una gran preocupación por el dramático aumento del abandono a causa del cierre de las escuelas. Aunque no hay información certera, estimaciones realizadas por Agustín Claus, investigador de FLACSO, indican que más de 1,5 millones de estudiantes se habrían desvinculado del sistema educativo. Esto implica que el abandono se habría triplicado a raíz de la pandemia.
En este sentido, se considera que son fundamentales los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación en febrero (Resoluciones 386 y 387), que indican que “en todas las jurisdicciones del país se priorizará el sostenimiento de clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria”. Y que eventuales decisiones de cierre deben tomarse en base a evaluaciones de riesgo sanitario medibles, considerándose en la menor escala posible. Esto implica, aclaran desde la campaña, que un eventual cierre debería considerarse en primera instancia por escuela o municipio, no por provincia.
Según el estudio Los costos y la respuesta ante el impacto de la pandemia de COVID-19 en el sector educativo de América Latina y el Caribe, del Banco Mundial, “la pobreza de aprendizaje al final de la educación primaria podría aumentar en más del 20 por ciento. Más de 2 de cada 3 estudiantes de educación secundaria podrían caer por debajo de los niveles mínimos de rendimiento esperados, y las pérdidas de aprendizaje serán sustancialmente mayores para los estudiantes más desfavorecidos”.
«El costo de cerrar escuelas, que llegó a afectar al 90% de los estudiantes en todo el mundo y dejó a más de un tercio sin acceso a la educación a distancia, ha sido devastador. Se prevé que el número de niños y jóvenes no escolarizados aumente en 24 millones, a un nivel que no hemos visto en muchísimos años y que revierte los logros en el derecho a la educación obtenidos con tanto esfuerzo», advierte el documento De la reapertura a la recuperación, elaborado por Unesco, Unicef y el Banco Mundial junto con otras áreas de Naciones Unidas.
“Las poblaciones más vulnerables se han visto más afectadas por esta situación, lo cual acrecentó las brechas preexistentes –afirma el estudio Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe, del BID–. El acceso a la conectividad y a los recursos tecnológicos en los hogares y en las escuelas es deficiente: 46% de las niñas y niños de entre 5 y 12 años vive en hogares que no tienen conexión a Internet; mientras 62% de las escuelas de nivel primario y 75% de las escuelas de nivel secundario disponen de equipamiento informático”.
“En situaciones de emergencia, las escuelas son un lugar fundamental para el apoyo emocional, el monitoreo de riesgos, la continuidad de los aprendizajes y el apoyo social y material para las y los estudiantes y sus familias”, informa a su vez UNESCO en el documento La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19.
Hoy en día, según el mapa interactivo “COVID-19 Impact on Education” publicado por UNESCO, Argentina está entre los 53 países con apertura parcial de las escuelas, luego de que unos 10 millones de estudiantes se vieron afectados por 9 meses de interrupción de clases presenciales en 2020. En esos meses, según expone un estudio del Observatorio de Argentinos por la Educación, solo el 50% de las escuelas primarias estatales mantuvieron contacto diario con los alumnos y 7 de cada 10 familias creen que sus hijos perdieron aprendizajes.
Testimonios
“El contexto actual requiere redoblar los esfuerzos por parte de todos los actores que formamos parte del sistema educativo y la ciudadanía en general. Apoyamos el inicio de clase este año y afirmamos hoy la importancia de sostener la presencialidad cada vez que sea posible. Creemos que el compromiso ciudadano con la educación y la responsabilidad colectiva son clave para colaborar con el sostenimiento de la presencialidad y el trabajo de los docentes, por eso es momento de extremar los cuidados. Priorizar la educación y generar espacios seguros es una responsabilidad diaria de las autoridades gubernamentales y una tarea cotidiana del conjunto de la sociedad”, afirma Anabella Serignese, directora de programas en Asociación Conciencia.
“Es cierto que estamos atravesando un momento muy difícil de la pandemia, que exige las mayores precauciones y prudencia de cada uno de nosotros. A la vez, todavía no hay conciencia suficiente del daño educativo que la falta de presencialidad generó desde 2020, sobre todo en los sectores más vulnerables. Esto se debe, en parte, a la falta de información. Por ejemplo, no hay datos precisos sobre la cantidad de estudiantes que abandonaron por la pandemia –aporta Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación–. Apoyamos la decisión de los ministros y la voluntad de los sindicatos que han hecho posible el regreso a las aulas en marzo. Ahora atravesamos un momento bisagra: es fundamental que sigamos priorizando la educación. Esto exige mantener la presencialidad cada vez que sea posible, apoyando los enormes esfuerzos cotidianos de los docentes. Antes de cerrar las escuelas, los gobiernos deberían dar cuenta de esa decisión con sobrados fundamentos y suma transparencia”.
“Hemos trabajado mucho para lograr la máxima presencialidad en las escuelas. Pedimos a las autoridades educativas nacionales y provinciales que toda medida que se tome sea fundada en la evidencia científica, la cual indica que la escuela con el cumplimiento de los protocolos no es un lugar de contagio. Como sociedad debemos aprender de la experiencia de 2020. También solicitamos a la ciudadanía que extreme los cuidados fuera del entorno escolar para que sigamos garantizando el derecho a la educación de todos”, concluye Martín Zurita, secretario ejecutivo de Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA).
La campaña #ALasAulas, lanzada el 20 de diciembre de 2020, reunió más de 200 mil firmas y mostró que era posible generar un consenso para el regreso a clases presenciales, priorizando la educación sin perder de vista las precauciones que la pandemia requiere. Los ciudadanos que quieran apoyar la iniciativa pueden sumar su firma en www.alasaulas.org.
