Una jueza en lo Contencioso Administrativo solicitó que Sociedad Odontológica de La Plata muestre los convenios. La salud de la población, otro de los ejes.
La justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata comenzó a echar luz sobre los contratos que firman las entidades intermedias ligadas al servicio sanitario de la odontología con varias obras sociales para la cobertura de tratamientos bucales. El Colegio de Odontólogos de La Plata (COPBA 1) presentó medidas cautelares para que la Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP), la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada (AOB) y la Federación Odontológica de la provincia de Buenos Aires (FOPBA), den a conocer los términos de los convenios firmados y que nunca registraron ante la entidad profesional que tiene por imperio legal el control de legalidad de la matrícula y pautas del ejercicio profesional en el distrito -conforme el Reglamento de Registro de Contratos-, informó en un artículo el portal 0221.com.ar
En el medio de esta contienda hay un flujo mensual de aproximadamente 160 millones de pesos que las entidades intermedias perciben de parte de las obras sociales y que los odontólogos -como asociados y agremiados- desconocen cómo es el manejo y distribución de ese dinero.
De las tres presentaciones la más avanzada es la que tiene en la mira el manejo de recursos y reglas de la odontología que realiza e impone la SOLP, que es presidida desde hace más de 20 años por el odontólogo Dardo Pereira. Desde del Juzgado Contencioso Administrativo 2 de La Plata ya notificaron a esa entidad del pedido de medida cautelar requerida por el Colegio y se espera por una respuesta
Fuentes de la colegiatura detallaron a este medio que los integrantes de las comisiones de las tres entidades escrutadas tienen expedientes abiertos ante el Tribunal de Disciplina del colegio profesional, donde se analiza si incurrieron en alguna inconducta, ante la negativa como miembros de las comisiones directivas de proceder a resolver que las entidades que representan y gobiernan, procedan a registrar los contratos en la entidad.
El 15 de septiembre último se inició la demanda “para que un juez indique si SOLP, AOB y FOPBA están obligadas a registrar sus contratos como lo indica el Reglamento de Registro de Contratos en sus artículos 1, 2, 3, 7 respectivamente, habilitando de esa forma el control de legalidad del colegio sobre los contratos y las pautas que disponen las formas de ejercer la odontología en el distrito. Democratizando legalmente y adecuando la distribución de las millonarias cápitas que a la fecha sin control de esta institución las entidades intermedias distribuyen mensualmente”, tal como informó este medio.
