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“El registro de contratos evitará que las  obras sociales sigan negociando los aranceles a nuestras espaldas”, dijo el Colegio de Odontólogos

Así lo confirmaron desde el Colegio de Odontólogos-Distrito l- luego de que la jueza María Ventura Martínez no diera lugar a la cautelar que defendía los derechos e intereses de los matriculados ante las sanciones arbitrarias de las gremiales, obras sociales y prepagas, informó la entidad en un comunicado. La instancia conciliatoria convocada por la Justicia por entender que la salud pública está en riesgo.

El Juzgado Contencioso Administrativo N°2, a cargo de la jueza María Ventura Martínez, deberá resolver en los próximos días la obligatoriedad o no del Registro de Contratos, medida que es impulsada por el Colegio de Odontólogos-Distrito l, y rechazada por la Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP) y la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y Ensenada (AOB).

En las últimas horas, la jueza Ventura Martínez rechazó la medida cautelar presentada, también, por el Colegio, la que buscaba proteger a los matriculados de las sanciones arbitrarias de las instituciones intermedias y obras sociales por cobros de honorarios durante la pandemia: “La odontología es una profesión de riesgo. Los elementos de protección personal necesarios para la atención rondan los $2500; sin embargo, las obras sociales y prepagas sólo nos pagan 250$”, aclaró Marta Secreti, vicepresidenta del Colegio de Odontólogos, al tiempo que explicó: “Muchos colegas, amparados por las resoluciones 6 y 7 del Consejo Superior del Colegio de Odontólogos de la Provincia (COSUCOBA) cobraron honorarios; sin embargo, desde las gremiales utilizan esa situación para presionar a los colegas”.
Desde el Colegio de Odontólogos-Distrito l- afirman que hasta que las instituciones primarias, secundarias y gremiales no registren en el Colegio de Odontólogos los convenios que firman con las obras sociales y prepagas no se podrá asegurar el cobro efectivo de los aranceles mínimos obligatorios fijados por el COSUCOBA.

 

“Estamos trabajando en lo que le prometimos a los matriculados que es el Registro de Contratos. Esa es la única forma de evitar que las instituciones intermedias y obras sociales sigan negociando a nuestras espaldas los bajos aranceles que luego nos pagan a 4 o 5 meses de facturado”, declararon desde el Colegio.

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°2, también, convocó a una instancia de conciliación obligatoria, dado que entiende que está en riesgo la salud pública.

“Los odontólogos no podemos ser la variable de ajuste de las gremiales. Los aranceles fijados responden al estudio de una estructura de costos y permite la dignificación de nuestra actividad”, aseguró Marta Secreti, que espera que la jueza dicte sentencia sobre la cuestión de fondo: el registro de contratos.

 

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